La decisión de la bancada del PAN en Yucatán de promover una Acción de Inconstitucionalidad contra la reforma que modificó la integración de la Junta Directiva de la Agencia de Transporte de Yucatán (ATY) ha provocado cuestionamientos sobre las prioridades del partido. Mientras el blanquiazul sostiene que busca proteger la autonomía operativa del organismo, sus críticos consideran que el esfuerzo jurídico beneficia más a intereses ligados al modelo anterior que a los usuarios del transporte público.
La reforma, publicada el 25 de mayo, fue presentada por sus impulsores como un mecanismo para fortalecer la supervisión, la transparencia y el uso de los recursos públicos. Sin embargo, el PAN decidió llevar el caso hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, argumentando que los cambios afectan el funcionamiento de la Agencia.
La postura ha generado críticas debido al uso de recursos públicos para sostener una batalla legal que, según sus opositores, intenta frenar modificaciones orientadas a fortalecer la rendición de cuentas. El debate también ha puesto sobre la mesa la necesidad de explicar con claridad qué aspectos de la reforma consideran perjudiciales y cómo su impugnación beneficiaría directamente a la ciudadanía.
Más allá del litigio, la discusión refleja dos visiones distintas sobre el futuro del transporte público en Yucatán: una que respalda la reforma y otra que busca revertirla por la vía judicial.