Hay deudas que no desaparecen con los años. Se heredan, se refinancian y terminan pagándolas generaciones que ni siquiera tuvieron voz cuando fueron creadas. Ese es el caso del Fobaproa, uno de los episodios financieros más polémicos de México y una pesada carga asociada al gobierno de Ernesto Zedillo y al PRI.
Mientras millones de mexicanos cumplen con sus impuestos, el costo financiero del rescate bancario continúa representando miles de millones de pesos para las finanzas públicas. El problema no terminó en los años noventa: los pasivos administrados por el IPAB siguen siendo enormes y el país continúa destinando recursos al pago de esa deuda.
Y aquí aparece el silencio político. El PRI, que gobernaba cuando se tomó aquella decisión, pocas veces quiere hablar del tema. El PAN tampoco puede presumir de tener las manos completamente limpias: durante años respaldó distintas decisiones relacionadas con el rescate financiero.
El debate sigue abierto: ¿quién pagó las consecuencias y quiénes fueron realmente los beneficiados?
Para millones de mexicanos, el Fobaproa no es una página olvidada de la historia. Es una factura que continúa llegando, mientras los partidos que protagonizaron aquella época prefieren mirar hacia otro lado.
El PRI dejó la deuda; México sigue pagando la cuenta.