Lo que parecía una decisión definitiva del Ayuntamiento de Mérida terminó cambiando de un momento a otro. Primero se informó que no habría transmisiones públicas de los partidos de la Selección Mexicana en la Plaza Grande debido al alto costo de los derechos. Días después, sin mayor explicación y al cierre de la conferencia semanal de la alcaldesa Cecilia Patrón, se anunció que una empresa privada instalará pantallas para realizar las transmisiones.
El cambio de postura abrió más preguntas que respuestas. ¿Qué ocurrió entre el primer anuncio y el segundo? ¿Quién cubrirá los derechos de transmisión? ¿Quién pagará las pantallas, la instalación, la energía eléctrica, la seguridad, Protección Civil, la limpieza y toda la logística del evento?
También surgen dudas sobre el uso del espacio público. Los ciudadanos tienen derecho a conocer bajo qué condiciones se otorgó el permiso, si existe un convenio de colaboración, cuáles fueron los criterios para autorizar la instalación y si cualquier empresa pudiera acceder al mismo beneficio siguiendo el procedimiento correspondiente.
Cuando un gobierno municipal modifica su discurso sin explicar con claridad las razones, la confianza pública se debilita. Más allá del entusiasmo por el Mundial, lo que hoy exigen los meridanos es transparencia. Si todo se realiza conforme a la ley, el Ayuntamiento panista de Merida debería hacer públicos los convenios, permisos y documentos relacionados con el evento para disipar cualquier duda y evitar que un anuncio deportivo termine convertido en un tema de opacidad.