El caso de Celestún expone una de las redes de despojo de tierras más complejas del Yucatán reciente, señalando directamente al gobierno de Mauricio Vila Dosal. Lo que comenzó como una promesa de infraestructura la ampliación de la carretera Sisal-Celestún terminó, según denuncias, en una estrategia de especulación inmobiliaria que afectó el patrimonio de ejidatarios mayas para beneficiar a intereses privados y empresas de dudosa procedencia.
A través de firmas vehiculares como Uredi, Mayan Woods y Desarrollos Edén Maya, se procesó la adjudicación de tablajes estratégicos (como el 3861, 3884 y 3885) mediante actas de Cabildo y escrituras cuestionadas. Terrenos de alta plusvalía, ubicados a minutos de la playa, fueron cedidos a precios simbólicos para luego ser integrados a circuitos de reventa con márgenes de ganancia millonarios.
La operación dependió de prestanombres y operadores locales hoy bajo investigación judicial que presuntamente facilitaron invasiones, presión sobre los poseedores originales y falsificación de documentos. Aunque las recientes acciones de la Fiscalía contra tres implicados abren una vía legal, el panorama subraya cómo la incertidumbre jurídica y el crecimiento inmobiliario desmedido erosionaron la seguridad patrimonial en el puerto durante el sexenio de Vila.